martes, 9 de junio de 2009

Qué quieren los ciudadanos

QUÉ QUIEREN LOS CIUDADANOS



Público-Milenio/ Esteban Garaiz

El artículo 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, podría ser, en lo jurídico, parte del problema y también parte de la solución de todo este lío que se ha armado, y que se sigue armando, con la manifiesta intención de un número creciente de ciudadanos que declaran a los encuestadores que anularán su voto este próximo primer domingo de julio.

Por supuesto que no hay unanimidad ni liderazgo orgánico en esta marea, pero parece que podemos inducir algunas motivaciones compartidas que derivan de diagnósticos también compartidos.

En el análisis de las percepciones generalizadas habría que incluir, al menos, tres grandes malestares. El primero es la percepción de muchos ciudadanos de que las maquinarias partidarias han entrado en una especie de endogamia, o de autismo, y se han desvinculado de las bases ciudadanas, que son su única razón de ser; y sólo se manejan entre ellas, como si ése fuera su único mundo.

El otro gran malestar es por las carretadas de dinero, que solas se adjudican entre ellas, y se gastan alegremente en campañas, y entre campañas, siendo que es dinero nuestro, entre nosotros colectado.

La tercera inconformidad es quizá la más grave. Los partidos importantes en tamaño, y también los de menor respaldo electoral, perdieron, en su gran mayoría, el motivo original de su fundación, de sus documentos básicos y de las bases que los apoyaban porque encontraban en ellos el canal de sus aspiraciones políticas y de su proyecto para la nación.

Como dijo uno de los promotores, “unos perdieron la erre y el otro perdió la ene”. En diciembre de 1988, el PRI perdió lo poco que le quedaba del programa original de la Revolución Mexicana, plasmado en el texto constitucional: el 3º, el 27, el 123, el 130. Quiso la maquinaria incluso cambiar de nombre y, desde luego, cambió sus documentos básicos.

El PAN, por su lado, fue tomado por asalto en 1976, cuando ni siquiera pudo lograr candidato presidencial en la Convención. La palabra “bochornoso” sigue impresa en La Nación, el periódico oficial del partido, para describir lo que ocurrió.

Del PRD la memoria es más reciente. El Tribunal Electoral ratificó el triunfo a la corriente cuyo origen es aquel PST de Rafael Aguilar Talamantes, formado a raíz de la reforma de 1977 como la izquierda desde Bucareli. La colaboración gradualista desbancó al movimiento que tuvo 15 millones de adherentes y que pretende, y sigue pretendiendo, la renovación radical de todas las instituciones porque no queda ni una sola sana; y que quiere “primero los pobres” (como el Concilio Vaticano II).

Habría que seguir, uno a uno, con los demás; pero no dan para tanto estos renglones. No es válido hablar de ciudadanos traidores a los partidos. Los partidos son vehículos, y son reemplazables. Los ciudadanos constituyen el pueblo soberano; y es muy peligroso bloquearles los cauces partidarios, bajo el riesgo de que todo explote.

El artículo 12 del COFIPE dice que “para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución (la representación proporcional), se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas”. Lo que significa que los votos anulados se suman también como denominador de la división para calcular el porcentaje de cada partido, que perderá su registro si no logra el dos por ciento.

Pero el citado artículo 12 sigue diciendo en el párrafo 2 que “en la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos”.

Dicho de otro modo: para el reparto de curules, una vez eliminados los partidos que pierdan el registro, también se restan los votos nulos en el denominador.

¿Qué quieren los ciudadanos? Que los votos nulos resten la proporción de los diputados de representación proporcional propuestos por las maquinarias partidarias. Así tendrían el verdadero tamaño de su respaldo en votos.

Es más: las curules de representación proporcional deberían distribuirse a cada partido tomando como denominador en la división el total de los ciudadanos en la lista nominal: 77 millones 481 mil 874 electores para este 2009.

Todavía más: las prerrogativas deberían calcularse con la lista nominal entera como denominador. Así nuestro dinero se gastaría en la proporción real de nuestro apoyo ciudadano a cada partido. Cada voto nulo sería dinero que pierden, por decisión ciudadana.


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